Campos problémicos en los que se dará la discusión
La Mesa se propone como un espacio para dialogar sobre las diferentes vulneraciones a derechos de las niñas, niños y adolescentes en tiempos de fragilidad como lo son la migración y las afectaciones por el conflicto armado en Colombia. Estas situaciones exacerban las violencias contra la infancia y la adolescencia generando fisuras en sus planes y proyectos de vida. Los niños, niñas y adolescentes migrantes se encuentran en condición de mayor vulnerabilidad debido a las diferentes situaciones que les exponen a violencias físicas, verbales, psicológicas y sexuales, pero también por la falta de condiciones para la garantía de sus derechos fundamentales como el derecho a la vida, a la calidad de vida y a un ambiente sano, el derecho a una familia y a no ser separado de ella, el derecho a la protección y el derecho a la educación.
Por lo anterior, se hace necesario deliberar sobre estas situaciones para generar incidencias sociales, políticas y culturales orientadas a la protección de la niñez y adolescencia migrante. En cuanto a las niñas, niños y adolescentes afectados por el conflicto armado, se propone una mirada en dos sentidos. Por una lado, la propuesta desde los hallazgos y recomendaciones del informe No es un mal menor de la Comisión para Esclarecimiento de la verdad, el cual aborda, entre otros, los siguientes temas: i) La orfandad y ausencia producto de la desaparición, asesinato y secuestro de los padres, madres y cuidadores; ii) impactos sobre las hijas e hijos de combatientes de grupos armados ilegales y de la fuerza pública; iii) desplazamiento forzado en la vida de las niñas, niños y adolescentes; iv) conflicto armado en la escuela y sus entornos; v) vinculación de niñas, niños y adolescentes por grupos armados ilegales y la fuerza pública en el marco del conflicto armado; vi) resistencias y afrontamientos de la niñez y adolescencia tras las diferentes experiencias de vida marcadas por el conflicto armado. Y, por el otro, las situaciones actuales que viven las niñas, niños y adolescentes en los territorios donde las violencias asociadas al conflicto armado persisten.
Preguntas orientadoras al interior de la mesa
* ¿Cuáles son las acciones inmediatas que desde lo social, político y cultural se requieren para la garantía de los derechos de la niñez y adolescencia migrante?
* ¿Cuáles son las realidades de las situaciones de riesgos a las que se encuentran expuestas las niñas, niños y adolescentes migrantes?
* ¿Cuáles son las deliberaciones que subyacen a los hallazgos del informe No es un mal menor del informe de la Comisión para el Esclarecimiento de la verdad?
* ¿Cuáles son las realidades de las niñas, niños y adolescentes de los territorios afectados por el conflicto armado hoy?
Objetivos
* Suscitar diálogos acerca de la vulneración de derechos a la niñez y adolescencia migrante para generar incidencia social, política y cultural.
* Deliberar sobre las afectaciones a los planes y proyectos de vida de las niñas, niños y adolescentes afectados por el conflicto armado.
Pertinencia y justificación
Colombia cuenta con un amplio cuerpo normativo para la protección de la niñez, estas garantías constitucionales no solo se comprometen con la población colombiana, sino con la niñez en general, nacionalizada o extranjera. Los derechos de las niñas, niños y adolescentes están estipulados en la Convención sobre los Derechos del Niño.
La Convención sobre los Derechos del Niño fue aprobada por el Congreso de la República mediante la Ley 12 de 1991, en sus artículos 19 y 34, estableciendo así los mecanismos y medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger a la niñez contra toda forma de explotación, entre ellas, el abuso sexual, trabajo infantil y trafico infantil. Estas medidas de protección corresponden a procedimientos mediante los diferentes programas sociales que cumplan con el objetivo de proporcionar la asistencia adecuada a las niñas, niños y adolescentes y a la vez a sus cuidadores.
Este marco normativo orienta y regula las acciones de las instituciones del Estado, los ámbitos sociales, familiares, educativos y políticos, para garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes dado que, prevalecen sobre los demás por el índice de vulnerabilidad que estos conllevan.
A pesar de esta normativa y de las acciones que desde los diferentes estamentos se llevan a cabo para la protección de todas las niñas, niños y adolescentes, los índices de vulneración de derechos de la infancia y la adolescencia van en aumento. La pandemia puso en evidencia los riesgos a los que se encuentran expuestas las niñas, niños y adolescentes en los diferentes entornos.
Al respecto, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- ICBF al 31 de julio del 2020 reportó 6.134 niñas, niños y adolescentes- NNA afectados por violencia sexual. Asimismo, la organización Aldeas Infantiles (2021) informó que, cerca de 109 NNA diariamente en Colombia han padecido vulneración de derechos y, su consecuente restablecimiento a través de los procesos administrativos del ICBF. Durante el año 2020, la cifra de NNA vinculados a procesos de restablecimiento de derechos fue de 40.000, de los cuales el 10% fueron separados de sus familias. La separación de los niños de sus familias, de acuerdo con Aldeas Infantiles (2021), implica una revictimización porque deben abandonar sus proyectos de vida y adaptarse a unas nuevas condiciones e inclusive, exponerse a nuevas violencias.
Asimismo, el informe No es un mal menor, reportó que 64.048 niñas, niños y adolescentes perdieron la vida entre 1985 y 2018, mientras que 16.238 reclutados por grupos armados de 1990 a 2017. A partir de los testimonios recolectados en la CEV se encontró que de 1985 a 2019 3.049.527 fueron víctimas de desplazamiento forzado. Uno de los hallazgos más relevantes de la CEV en el enfoque diferencial de curso de vida fueron las afectaciones por orfandad y ausencia de los padres, madres y cuidados. Así pues, una de las recomendaciones del informe es “la inclusión en el RUV de la variable orfandad como violencia derivada del conflicto armado. Esto permitiría el restablecimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes huérfanos con un programa específico de reparación, además de su registro y visibilización” (CEV, 2022, p. 5).
En cuanto a la niñez y adolescencia migrante, es de resaltar el compromiso que adquieren el Estado, la familia y la sociedad para garantizar la protección integral de las niñas, niños y adolescentes migrantes, es por ello que se integran normas internacionales y nacionales, las cuales deben ser tenidas en cuenta a la hora de retomar la protección en las niñas, niños y adolescentes migrantes, uno de la más importantes es el Convenio de la Haya sobre los Niños y la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias, estas exponen nuevos compromisos en torno a la prohibición y prevención del tráfico y trata de la niñez y adolescencia migrantes.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también es pertinente retomar las medidas de protección de la Convención de los Derechos del Niño, el protocolo de las Naciones Unidas y los convenios de la Organización Internacional del trabajo, establecen normas sobre el bienestar y protección general de la niñez, como de la niñez migrante no acompañada.
La niñez migrante no acompañada, es aún más vulnerable ya que, se enfrentan a riesgos y peligros dentro de los procesos migratorios, siendo objeto de violencias, tráfico, trata de personas y explotación. En razón a lo anterior, el Estado garantiza una protección integral especial, lo que significa un mayor grado de amparo.
De acuerdo con cifras de Migración Colombia, al año 2020 del total de migrantes registrados, el 22,33% correspondían a menores de edad. Asimismo, se encontró que, el 28% de las niñas, niño y adolescentes migrantes tenían acceso a la educación, mientras que tan solo el 1% estaba registrado en el sistema de salud.
Por lo anterior, la protección de las niñas, niños y adolescentes requiere de acciones conjuntas por parte de la sociedad civil, las instituciones gubernamentales, las organizaciones sin ánimo de lucro, los entornos protectores (familia, comunidad, escuela e iglesia) y, demás actores preocupados por la protección y el cuidado de las niñas, niños y adolescentes, particularmente en contextos de fragilidad como lo son la migración y el conflicto armado.
En esta medida, se hace necesario generar acciones que incidan en los marcos sociales, sociales, políticas y culturales para evaluar, monitorear, mitigar y evitar las violencias y abusos contra la niñez y adolescencia para mejorar sus condiciones de vida a través del agenciamiento de capacidades y de la activación de redes y rutas que velen por la garantía y cumplimiento de sus derechos.